El 22 de febrero pasado, un comando paramilitar de diez encapuchados armados asaltó la embajada de la República Popular Democrática de Corea en España. Actuando con rapidez y con procedimientos militares, los asaltantes se apoderaron durante horas de la embajada, llegando al extremo de tomar rehenes, golpear e interrogar a los presentes, infringiendo flagrantemente las leyes españolas, para obtener información, con la amenaza implícita y agresiva de hombres armados encapuchados de asesinar a quien se resistiese.

Las autoridades españolas han señalado que esa actividad violenta e ilegal fue realizada por personal adscrito a  la embajada de los Estados Unidos en España perfectamente identificados por la policía española. Esos hechos son de una extraordinaria gravedad. Estados Unidos se ha comportado como un Estado delincuente: no solo ha violado el derecho internacional, no solo ha ignorado la inviolabilidad diplomática de la embajada norcoreana -según reconoce la Convención de Viena de 1961 de usos diplomáticos ni siquiera en tiempo de guerra puede violarse un recinto diplomático-, no solo ha asaltado las dependencias de otro país, sino que ha maltratado y torturado a diplomáticos y empleados, robando ordenadores y teléfonos con la obvia intención de obtener información para posteriores acciones delictivas.

Tras las primeras investigaciones, y a la vista de los indicios acumulados, la policía española pidió explicaciones por el ataque a la estación de la CIA en Madrid, cuyos responsables negaron la participación de los servicios secretos norteamericanos en el asalto, negativa que la policía española considera poco convincente, ante las evidencias acumuladas, y que se revela como otra mentira más y como otra muestra de la reiterada hipocresía y doblez con que Estados Unidos actúa en sus relaciones con España. De hecho, tanto el gobierno español como la policía no albergan dudas de que los asaltantes actuaban al servicio de la embajada y del gobierno de Estados Unidos.

Debe recordarse la exigencia de la embajada norteamericana para que el gobierno español expulsase al embajador norcoreano de España, reclamación que Rajoy cumplió en septiembre de 2017 expulsando al embajador Kim Hyok Chol; así como el indigno chantaje impuesto por el gobierno de Trump para que Madrid apoyase el reciente intento de golpe de Estado en Venezuela, y para que reconociese a Juan Guaidó como presidente, a la espera de una hipotética intervención militar norteamericana.

El Partido Comunista de España considera que, tal y como indican las autoridades españolas, un ataque paramilitar de esas características no se ha hecho sin que la embajada norteamericana en España tuviera conocimiento de ello, y no hay duda de que las negociaciones nucleares entre Washington y Pyongyang, y el intento norteamericano de imponer sus condiciones sin atender a la seguridad de otros países, explican la actuación delictiva de Estados Unidos.

Ante la extrema gravedad de los hechos, el Partido Comunista de España condena con rotundidad la actuación de los funcionarios norteamericanos responsables de estos hechos delictivos, insta a la Fiscalía General del Estado a que presente la correspondiente  denuncia contra ellos ante los Tribunales, y considera que el gobierno español debe pedir explicaciones oficiales al gobierno de Estados Unidos, al tiempo que debe llamar a consultas al embajador español en Washington y expulsar de inmediato al embajador norteamericano en España, como máximo representante de un país que no solo ha violado la soberanía nacional española, actuando en nuestro país con grupos armados de delincuentes sin ninguna autorización, sino que es cómplice de la gravísima violación del territorio de un país extranjero, ante la que España no puede permanecer en silencio.